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Sociedad

Desde el 5 de septiembre comienza a regir Nueva Ley Penal Juvenil

Por María Belén Salgado · 3 de septiembre, 2026 · 3 min de lectura

Desde el 5 de septiembre comienza a regir Nueva Ley Penal Juvenil

Luego de la aprobación del Senado y la Cámara de Diputados de la nueva ley penal juvenil en febrero del 2026 y pasados los 180 días desde su sanción, entrará en vigencia a partir del 5 de septiembre de este año. El ámbito de alcance será aplicable a las personas adolescentes desde los 14 años de edad hasta las cero horas que cumplan 18 años, cuando fueran imputadas como un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten a futuro.

Según dice el artículo 4to de esta ley, cito textual: "La finalidad del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil es la de fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito y mediante las medidas establecidas en la presente".

Dentro de su formato de ley está especificado detalladamente desde las penas, los derechos de los imputados y de las víctimas, supervisión en el periodo de detención, la no extensión excesiva del tiempo del proceso de juzgamiento con causas graves para los magistrados, solo por nombrar algunas.

Dentro de la nueva ley se consideran hechos graves los homicidios, abusos sexuales, secuestros, y robos violentos que contemplan penas de hasta 15 años de prisión, como máxima condena. Para las penas intermedias se tendrá en cuenta si es primera vez dentro del delito o si hay antecedentes previos, lo cual irá modificando el tipo y tiempo de detención en institutos de rehabilitación, reinserción o prisión juvenil, dado que la ley contempla la prohibición de la detención en prisión con mayores a 18 años.

El nuevo sistema establece una escala de sanciones que comienza con medidas como la amonestación, restricciones de contacto, o concurrencia, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño, llegando finalmente a la privación de libertad en institutos especializados para adolescentes.

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